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Arona/ El abogado Felipe Campos entiende que es
muy grave el reconocimiento del redactor del Plan General de Ordenación
(PGO) de Arona, Jorge Coderch, quien admitía en la prensa que lo había
elaborado de forma irregular y por presiones e indicaciones de los
políticos, pero que poseía un documento escrito firmado por ellos. "Esto
significa lisa y llanamente que el PGO de Arona en sí es un presunto delito
de prevaricación. El tema me parece de una gravedad espectacular, como grave
me parece la escasa repercusión que ha tenido en los medios esta noticia",
comenta Campos.
Observa cómo muchos empresarios del sur de la Isla han iniciado una
campaña mediática, e imagina que se encuentran detrás de ese "tapón
informativo", pero advierte que tanto por su parte como por la de la
asociación con la que colabora en este asunto, van a intentar que éste
llegue hasta el final y hasta las instancias judiciales
correspondientes.
Considera Campos que la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias) debería de actuar de oficio y anular esta
"chapuza". Recuerda que ya antes de conocer este reconocimiento expreso de
Coderch, habían puesto de manifiesto casos espectaculares: "Un PGO que
recoge las irregularidades de hasta dos primos del alcalde, que contiene
presuntos delitos urbanísticos tales como que se haga un edificio en una
plaza de equipamiento y, conociéndolo el ayuntamiento, no haga absolutamente
nada y ahora en el nuevo Plan se pretenda recalificar como residencial ese
edificio; la recalificación espectacular de un terreno de un constructor que
compró por 500 millones de pesetas y ahora con el nuevo plan, puede valer
cerca de los 10 mil millones de pesetas...", cuenta el abogado.
Insiste Felipe Campos en que "lo que sorprende es el interés de los
poderes fácticos, para intentar que este tema no tenga la relevancia que
tiene, que es gravísima. Tengan en cuenta que este redactor seguramente ha
hecho otros planes generales y el tema tiene mucha, mucha, importancia".
Afirma que el asunto del PGO viene a completar la historia que es el
"caso Arona". Recuerda que al menos desde el año 2004 se han venido dando
sistemáticamente licencias ilegales y presuntamente delictivas con informes
jurídicos contrarios, tanto de los juristas como del secretario municipal,
lo cual constituye un presunto delito de prevaricación urbanística, a la que
se han de sumar las contrataciones a dedo. "Lo que hoy se dice por parte del
redactor viene a confirmar que todas las actuaciones de gestión urbanística
de Arona en los últimos años el 99% eran ilegales, que es prácticamente un
reconocimiento del caso Arona", sentencia Campos.
Considera que "ha llegado el momento de poner fin" a la "historia
oscura" de este municipio del sur de Tenerife. "Si lo del caso Arona era
gravísimo, si los casos que se conocían han ocasionado un daño con la dación
de licencias sin que se cumplieran los deberes urbanísticos, el punto y
final de que el propio redactor reconoce que el plan lo ha redactado
irregularmente a sabiendas, por presiones de los políticos, pero tiene un
documento firmado por ellos, me parece de una gravedad suprema".
En su opinión, el alcalde de Arona "hace mucho tiempo que tenía que
haber dimitido", y aún confía en que tras estas últimas revelaciones las
autoridades autonómicas del Gobierno de Canarias en Urbanismo pongan fin a
este documento y lo anulen. "Se puede decir que prácticamente este Plan
General está muerto, por mucho que estos días cualquiera que ve las
televisiones, la prensa, no hace otra cosa que oír a cuenta de la crisis la
necesidad del plan , la situación del sur..."
Asegura que no está en contra de los empresarios, y reconoce que la
crisis es fatal, pero insiste en que "lo que se necesita es un plan legal.
No se puede levantar la bandera de la crisis, levantar razones económicas
para defender un documento que es presuntamente delictivo".
Guarch podría ser cooperador necesario de un delito de
prevaricación
En su opinión como jurista, considera que el redactor del PGO
podría determinarse como cooperador necesario de un delito de prevaricación.
"Hay que recordar que al redactor se le paga con dinero público: tiene que
sujetarse a la ley y a la lógica, y en ningún momento puede hacer un
planeamiento, un dibujo de un municipio, de forma que sea ilegal, ilógico e
irregular. No se le paga con dinero del alcalde, de los concejales. Se le
paga con dinero público y mucho. La gente se sorprendería todo lo que
cobra", dice el abogado.
En cualquier caso, señala que esto es algo sobre lo que tendrá que
responder, puesto que será derivado al caso Arona, al juzgado de instrucción
número 7 del municipio, como "destino natural de este plano penal del PGO".
"Si esto es gravísimo lo más grave es el silencio informativo que
puede generar una noticia tan importante como ésta, que otras veces uno ve
en los periódicos noticias que no tienen en mi opinión tanta importancia,
pero se les da una relevancia intencionada. [...] También es relevante que
ciertos grupos económicos del sur estén haciendo una campaña partiendo de la
crisis, que es evidente, y sutilmente presionando para que se apruebe este
PGO. Arona necesita un PGO, pero tiene que ser limpio y legal. Esto es como
si hay unos empresarios que están jugando una partida de cartas, las tenían
marcadas y en la mesa había una gran apuesta, que sería todas las
inversiones del Plan General, y antes de acabar la partida les pillamos que
tienen las cartas marcadas, y quieren conservar la apuesta. Evidentemente,
la partida se anula y las apuestas se pierden", concluye Campos.
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