La enmienda a la totalidad fue defendida por el diputado
socialista Manuel Fajardo, quién pidió la retirada del proyecto de
ley y consideró que el rechazo social que ha suscitado este proyecto
sería suficiente para la retirada de la iniciativa.
El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, defendió el
proyecto de ley y argumentó que sus objetivos y fines son oportunos
y necesarios para mejorar la productividad y dinamizar el medio
rural.
Berriel dijo que en materia turística se hace necesario este
proyecto de ley para corregir determinadas imprecisiones de la
actual regulación, especialmente por la afección de derechos
adquiridos por particulares, lo que ha provocado sentencias
judiciales que obligan al Gobierno a pagar indemnizaciones.
En opinión del consejero es importante el modo de plantear la
contención en la ocupación del suelo y la modulación del crecimiento
del sector, para evitar incurrir "en gravosas responsabilidades
patrimoniales que producen un quebranto al erario público".
Aseguró que la ley prohíbe que en los próximos cinco años se
clasifiquen nuevos suelos urbanizables con destino turístico, indicó
que se fomenta la renovación y la rehabilitación de la planta más
obsoleta para mejorar la competitividad del sector y se establece la
excepción para los hoteles escuela de cinco estrella.
Berriel indicó que el proyecto de ley elimina rigideces
innecesarias que dificultan el desarrollo de las actividades
productivas, hecho que ha provocado el abandono de la actividad
primaria, dificultades para el suelo industrial o la
indisponibilidad de suelo para viviendas, dotaciones y
equipamientos.
El consejero dijo la ley también aborda el problema del no
cumplimiento por parte de las corporaciones locales de los plazos de
adaptación de sus planes territoriales a las diferentes leyes
turística y del territorio.
Aseguró que con esta ley se garantiza la igualdad y los derechos
y deberes de los ciudadanos en materia urbanística.
En cuanto al suelo industrial, Berriel indicó que la ley prevé
medidas para facilitar la disposición del suelo industrial.
El consejero afirmó que el proyecto de ley no invade las
competencias locales, tal y como ha afirma el grupo Socialista, y
señaló que las corporaciones locales lo han apoyado.
Manuel Fajardo, diputado socialista que defendió la enmienda a la
totalidad presentada por su grupo al texto del Gobierno, señaló que
tras consultar con instituciones, profesionales y sectores
económicos ha constatado el rechazo unánime al proyecto de ley.
Fajardo indicó que el Gobierno es el único que no se ha dado
cuenta del rechazo de este proyecto, que, dijo, es un mosaico
incoherente, que propone medidas inadecuadas.
El parlamentario socialista dijo que una vez analizado el
contenido del proyecto se deduce que muchas de las medidas lejos de
adoptarlas con el carácter urgente que pide el Gobierno, deben ser
adoptadas de forma sosegada.
Expresó su sorpresa por el diagnóstico negativo que hace el
Gobierno de sectores como la agricultura o la ganadería, cuando las
mismas fuerzas políticas llevan años gobernando.
Agregó que la principal razón de la enmienda es la ruptura de las
reglas de juego, ya que en los últimos 15 años se ha respetado el
consenso en todas las materias relativas al medioambiente y el
territorio.
Dijo que invade competencias locales, cuestiona la moratoria y
lejos de simplificar los trámites administrativos, los dificulta.
José Miguel González, de CC, dijo que la enmienda a la totalidad
desfigura el proyecto de ley y carece de fundamento y no pretende
mejorar la realidad.
González afirmó que cuando se habla de ordenación territorial y
turística es solo una competencia del Gobierno de Canarias, señaló
que nada legitima más a una administración que dar la opción a las
alegaciones y subrayó que el Gobierno ha aceptado aquellas que
mejoran el texto.
El Gobierno canario quiere clarificar y simplificar los procesos
administrativos territoriales, dijo González, quién señaló que se
refuerzan las competencias de los ayuntamientos y la seguridad de
los procesos, por lo que rechazó las acusaciones de la oposición
sobre se quiere incluir la discrecionalidad en la toma de las
decisiones.
González afirmó que el Gobierno no ha querido "cargarse" la
moratoria, como dice la enmienda, y señaló que pese a la
desclasificación de suelo que impuso las directrices, todavía hay
mucho suelo con derechos adquiridos.
Miguel Jorge Blanco, del grupo Popular, señaló que ante la crisis
económica es necesario dinamizar diversos sectores productivos con
la implementación de medidas que flexibilicen la aplicación de las
leyes territoriales.
Abogó por una reforma global de la legislación urbanística para,
entre otros factores, agilizar la tramitación de los planeamientos
urbanísticos y pidió que se frene el intervencionismo público ante
las iniciativas privadas.
Jorge aseguró que este proyecto de ley será una buena ley para
todos, indicó que a las leyes del territorio se les da mucha
importancia y por ello deben nacer con la vocación de permanencia
porque lo difícil es hacer leyes cortas, simples y de fácil
aplicación.
Dijo que el PP está de acuerdo en no autorizar nuevo suelo
turístico.
Canarias/ El Parlamento de Canarias
tramitará el proyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la
ordenación turística tras rechazar hoy los grupos de CC y PP la
enmienda a la totalidad presentada por el grupo Socialista, que
opina que el texto tergiversa la realidad y ha suscitado el rechazo
social.
