 Santa Cruz de Tenerife/ Amnistía Internacional
teme que la recesión económica mundial tenga un impacto enorme entre
pobres e inmigrantes y pide al Gobierno español que los acuerdos
sobre inmigración no se hagan a costa de los derechos humanos, dijo
en una entrevista a Efe la presidenta de la Sección Española, Itziar
Ruiz-Giménez.
La organización no gubernamental ha expresado su preocupación por
el hecho de que "quienes verdaderamente va a sufrir" la recesión
serán los más vulnerables, pues "ocho de cada diez personas" en
muchos países viven bajo el umbral de la pobreza, y este colectivo y
los inmigrantes serán "el chivo expiatorio" de la crisis.
Así lo manifiesta Ruiz-Giménez en una entrevista con Efe con
motivo de su viaje a Canarias, en el que ha participado en varios
actos para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de los
derechos humanos, un asunto en el que aún quedan "importantes
retos".
La presidenta de la Sección Española de AI reclama al Gobierno
español "una acción decidida" en materia de política migratoria y
que los acuerdos que suscriba con países como Marruecos o Mauritania
no se hagan a costa de los derechos humanos ni favorezcan la
discriminación de los inmigrantes.
Pide además al Ejecutivo central que "el centro de las medidas"
que adopta para combatir la crisis sea la protección de las personas
y su derecho a la sanidad, la educación, la alimentación, la
vivienda y el empleo sin ningún tipo de discriminación.
"Es importante que en el actual contexto lo que se ponga en el
centro de la acción sean los derechos de los inmigrantes, porque los
derechos humanos no saben de papeles", subraya.
Al hablar de pobreza parece que se trata de una cuestión
económica cuando es una violación de los derechos humanos, y las
políticas económicas en muchos casos han reducido las redes sociales
y ha habido un proceso de empobrecimiento de la mayor parte de la
población mundial, denuncia Ruiz-Giménez.
Por ello subraya la necesidad de situar "en el centro de la
agenda" cualquier intento de violación de los derechos humanos, y al
respecto exige al Gobierno español que suspenda el envío de armas a
Israel hasta que ese país no de garantías de que no las va a
utilizar contra la población civil.
En este asunto Amnistía pide al Ejecutivo español "que sea
transparente" sobre la venta de armas a Israel, que, según la
información oficial del Gobierno supuso unos 4,5 millones de euros
en 2007 y la primera parte de 2008.
Sin embargo AI lamenta que no se proporcione información
detallada sobre este asunto y se hable de categorías "genéricas",
como bombas y sustancias químicas, sin especificar de qué tipo.
Recuerda Itziar Ruiz-Giménez que en este ámbito hay
responsabilidad por parte de los gobiernos que incumplan la
normativa que impide vender armas a países en donde se infringen los
derechos humanos, y España "está obligada por su propia legislación
nacional y por la europea".
Advierte de que España, junto al resto de países europeos, debe
presionar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se
investigue la situación en Gaza.
Al respecto, detalla que AI ha pedido al Gobierno de Israel que
garantice el acceso de la ayuda humanitaria y médica a la población
de Gaza, en donde se calcula que los ataques que se prolongaron
durante tres semanas han dejado más de 5.200 heridos.
También ha pedido a Israel información sobre el armamento y la
munición que ha utilizado, pues Amnistía ha detectado que hay
medicamentos que no funcionan correctamente y se ha constatado el
uso de fósforo blanco, una sustancia no autorizada cuyo uso supone
un crimen de guerra.
La organización humanitaria ha pedido al Consejo de Seguridad de
la ONU que ordene una inmediata y exhaustiva investigación sobre
estos hechos para que "se rindan cuentas" de la violación del
derecho humanitario internacional en esa zona, que incluye el envío
de cohetes de Hamas a poblaciones del sur de Israel.
A juicio de Itziar Ruiz-Giménez, estos son parte de los grandes
retos "en la nueva era" que ha abierto la presidencia de Barack
Obama en Estados Unidos, que ha dado dos pasos "muy importantes"
para acabar "con uno de los capítulos más oscuros" de su país: el
cierre de Guantánamo y la derogación de la orden de su antecesor,
George Bush, que permitía la tortura.
Sin embargo, advierte de que "ésta página no se puede pasar y
quedar impune", por lo que Estados Unidos y todos los países que han
participado en la llamada "guerra contra el terror" deben "dar
cuentas".
En este asunto España tiene "una importante responsabilidad"
porque el Gobierno presidido por José María Aznar autorizó que
pasaran por el espacio aéreo español o hicieran escala en el país
los vuelos secretos de la CIA, en los que se trasladaron a unas 200
personas hacia Guantánamo.
Para Amnistía, el Gobierno español debe aportar "toda la
documentación" sobre este asunto y en concreto, sobre el
desplazamiento de policías españoles a Guantánamo para interrogar a
personas presuntamente relacionadas con redes islamistas que
operaban en España.
En su opinión, los tribunales españoles deben investigar si se
cometió un delito grave contra el derecho internacional al permitir
el viaje de policías para obtener información supuestamente a través
de la tortura, lo que exige "depurar responsabilidades penales".
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