 Arona/ El abogado Felipe Campos, personado en el llamado
‘Caso Arona' como acusación particular, ha asegurado este viernes que pondrá a
disposición del juez que instruye el caso una cinta en la que
supuestamente el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón,
reconoce presiones de empresarios y concejales para redactar el Plan
General de Ordenación (PGO) del municipio.
El alcalde reta a la acusación particular a que entregue la cinta a los medios de comunicación
Campos recordó que en noviembre pasado, el redactor
del PGO, Jorge Coderch, “reconoció que lo había redactado de forma
irregular a petición de políticos”, supuesto que está denunciado, y que
el periodista que lo publicó recibió amenazas de muerte.
Tras este hecho, el abogado dice que aportará de forma inmediata a la
investigación una cinta que obra en su poder en la que supuestamente se
escucha una conversación del alcalde con algunos vecinos y en las que
se podía oír al alcalde admitir que él y algunos concejales decían al
redactor “pon esto quita esto”, y que incluso reconoció: “Recibo
presiones de los empresarios”.
Para Campos esta nueva prueba es “un reconocimiento definitivo de que
el documento del PGO en sí es un delito de prevaricación y lo que
parece sorprendente es que a estas alturas ese documento, que está en
la Cotmac pendiente de subsanaciones, se esté siquiera planteando que
pueda entrar en vigor”.
“No se entiende –añadió – que un documento en el que el propio
redactor, el propio alcalde reconocen que está mal hecho y que se han
recogido peticiones expresas de los propios concejales pueda regir la
vida de un municipio”.
“METE TERRENO”
Otra de las frases que reprodujo el abogado de la cinta, grabada en
diciembre del año pasado y en la que supuestamente el alcalde habla con
vecinos sobre presiones e irregularidades en la redacción del PGO, fue
la petición a Coderch de “mete, mete terreno”.
Además, asegura que en la misma conversación se puede escuchar que
cuando se le señalan cosas “atípicas o irracionales” como que se recoja
en el PGO un edificio en una parcela de equipamiento el alcalde dice
que “cosas de estas hay 200”.
“Hemos pedido que la Cotmac retire el documento y que el juez proceda a
la suspensión cautelar del procedimiento”, dijo Campos, así como que
“en esta situación de ilegalidad sistemática” va a incorporar 52 nuevas
licencias que se han dado recientemente. “Con el absoluto descaro se
han dado licencias que están en el caso Arona”, afirmó, en relación a
presuntas edificaciones que ocupan zonas de dominio público.
Por último, dice que va a pedir la disolución del Ayuntamiento porque a
su juicio “actúa guiado por un designio de absoluta ilegalidad”.
IRREGULARIDADES
El conocido como ‘caso Arona’, del que se ocupa el juez Nelson Díaz
Frías, y que mantiene imputada a la anterior junta del gobierno
municipal, investiga irregularidades relacionadas con la concesión de
licencias entre 2003 y 2007 que obtuvieron informes jurídicos
desfavorables y que contaron con el visto bueno de la oficina técnica.
Según ha trascendido, se acusa a la anterior junta de gobierno de
supuestos cobros de comisiones a cambio de la concesión de licencias
urbanísticas. El caso se inició en 2007 a raíz de una denuncia del
PSOE, que motivó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por
presuntas ilegalidades contra la ordenación del territorio.
Posteriormente, a raíz de la declaración de un testigo, se procedió a
la detención de dos aparejadores, un arquitecto municipal y un
empresario, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho,
aunque fueron puestos en libertad condicional bajo fianza de 80.000
euros.
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