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De esta forma acepta la petición de Ben
Magec-Ecologistas en Acción tras escuchar a esta asociación y a la otra
parte, esto es, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario,
cuyos abogados pedían una caución de 31 millones de euros que tendrían
que abonar los ecologistas por los daños que la suspensión pueda
ocasionar a las obras del puerto.
Al respecto, considera el Tribunal que exigir una fianza, en este caso
concreto, “supondría gravar a la entidad actora con las consecuencias
derivadas de un proceso en el que la acción ejercitada y la pretensión
procesal, en defensa de los intereses colectivos que representa la
Federación, no se dirige a paralizar una obra pública sino a que se
anule y deje sin efecto una Orden Departamental de descatalogación en
una determinada área de una especie protegida, sin perjuicio de la
intima relación o conexión que existe entre esa obra y los motivos que
dan lugar a la solicitud de la medida cautelar”.
“El peligro del daño irreversible al ecosistema marino no es
cuantificable a efectos de poder ponderar la fijación de fianza o
caución –continúa- por lo que consideramos que, en este caso concreto,
debe otorgarse la tutela cautelar de forma incondicionada”.
Por lo tanto, el TSJC procede a fijar el mantenimiento de la medida
cautelar adoptada de suspensión de la vigencia de la Orden
Departamental, “sin hacer pronunciamiento sobre las costas del
incidente al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes
litigantes”.
De esta forma, la suspensión cautelar mantendrá paralizadas las obras
hasta que se resuelva la legalidad de la descatalogación. La propia
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife paralizó las obras el
pasado viernes tras el primer auto, hasta el pronunciamiento en firme
del juez, que se ha producido este miércoles.
DENUNCIA
El recurso contencioso-administrativo a la descatalogación de los
sebadales que afectan a las obras del puerto de Granandilla, en
concreto la Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, de 2 de febrero de 2.009, la
interpuso José Lorenzo Hernández Peñate, en nombre y representación de
la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Tras ser admitido a trámite el recurso, y formada pieza separada de
tutela cautelar, por auto de la Sala de 23 de febrero de 2.009, se
accedió a la suspensión inmediata y urgente de la vigencia de la Orden
recurrida, convocándose a las partes para el 27 de febrero para el
mantenimiento, modificación o suspensión de la medida adoptada.
En dicha comparecencia los ecologistas, apoyados por dos investigadores
de las universidades canarias, defendieron la necesidad mantener la
suspensión cautelar porque, de demostrarse que las obras afectarán de
forma sensible a los sebadales, el daño sería irreparable.
Por su parte, Puertos del Estado solicitó el levantamiento inmediato de
la medida cautelar contra la desprotección de los sebadales de
Granadilla. El abogado estatal pidió que se exija a la organización
denunciante, la federación ecologista Ben Magec, una caución de 31
millones de euros, el importe mínimo de pérdidas que se prevén de
prolongarse la suspensión de los trabajos, supuesto que no ha
contemplado finalmente el TSJC.
Los ecologistas han defendido que la descatalogación de los sebadales
se ha hecho de forma irregular, acusando a la Consejería de haber
suprimido párrafos clave para que esta no se produjera, con el
propósito de seguir adelante con las obras.
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