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Bruselas considera que “se respetaron los requisitos y procedimientos legales” en la Fundación

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ACN Press   
viernes, 27 de marzo de 2009
EU/ El Ejecutivo comunitario señala que el “proceso” para designar los miembros del consejo del Observatorio “ha seguido un procedimiento transparente”. La Comisión Europea dice que “no existen razones para dudar de la capacidad de las autoridades regionales y nacionales para cumplir sus funciones correcta e independientemente”.

La Comisión Europea considera que “se respetaron los requisitos y procedimientos legales durante el proceso” para crear el ‘Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla’ y que la designación de sus miembros siguió un procedimiento “transparente”.

El ‘Observatorio Ambiental’ es la denominación de la fundación que debe “controlar el estado y las tendencias de la biodiversidad local” así como “garantizar” la “aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias” a la construcción de esta infraestructura en el municipio del sur de Tenerife. Un organismo y unas medidas estipuladas en el dictamen de Bruselas que, el 6 de noviembre de 2006, dio luz verde a la construcción del puerto por “razones imperiosas de interés público”.

El Ejecutivo comunitario llega a esta conclusión tras haber solicitado información a Madrid –Bruselas trata con los Estados miembros y no directamente con las regiones- sobre el establecimiento de esta fundación a raíz de una queja presentada en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por parte de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla que denuncia la falta de independencia del Observatorio Ambiental.

Una queja que será nuevamente abordada en la reunión que esta comisión de la Eurocámara celebrará el próximo martes día 31 de marzo.

En nombre de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de
Granadilla, José Luis Fernández Fuarros, denuncia que las “autoridades” canarias “han incumplido su compromiso de establecer una fundación independiente” ya que el Observatorio Ambiental “estaría controlado por la autoridad del puerto de Granadilla, que designa la mayoría de sus miembros”.

En particular, el peticionario critica que el miembro “elegido para representar a las organizaciones medioambientales, no defiende los intereses ni las opiniones de las organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente”.

Tras admitir esta queja a trámite, el pasado 10 de octubre de 2008, el Comité de Peticiones de la Eurocámara solicitó información a la Comisión Europea.

Sin embargo, los servicios comunitarios no coinciden con la opinión de la Plataforma Ciudadana y consideran que, actualmente “no puede cuestionarse la independencia institucional de la fundación, pues no existen razones a priori para dudar de la capacidad de las autoridades regionales y nacionales para cumplir sus funciones correcta e independientemente”.

En este sentido, según la Comisión Europea, en abril de 2008, las autoridades españolas informaron de la “creación formal” del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla y “comunicaron los integrantes del consejo” del que forman parte autoridades medioambientales regionales -responsables de la gestión de la red Natura 2000 en Canarias- y nacionales.

Asismimo, tras otra demanda de información de Bruselas, las autoridades españolas remitieron “datos pormenorizados sobre los resultados del proceso seguido para la selección de los miembros del consejo de la fundación que representan a las organizaciones medioambientales”. Informaciones más detalladas que han llevado al Ejecutivo comunitario a señalar que el “proceso ha seguido un procedimiento transparente”.

Al respecto, los servicios comunitarios recogen que el “procedimiento se publicó con arreglo a lo estipulado por los reglamentos del Foro y el anuncio para la solicitud de candidaturas se publicó en dos periódicos provinciales, así como en el sitio web del Gobierno de las Islas Canarias”.

“Aunque sólo una organización medioambiental presentó su candidatura, la Comisión [Europea] considera que se respetaron los requisitos y procedimientos legales durante el proceso”, concluye.
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