 Santa Cruz de Tenerife/ El Ejecutivo comunitario sigue teniendo dudas sobre
las informaciones que ha recibido respecto a la construcción del puerto
de Granadilla (Tenerife). Por ello, una vez más, ha vuelto a solicitar
datos más detallados a las autoridades españolas.
La Comisión Europea "ha recibido información
adicional por parte de España" -Bruselas trata con los socios
comunitarios y no con las regiones-. Una información que "ha ayudado a
aclarar cierto número de temas". "Sin embargo, aún es necesaria una
información complementaria más detallada respecto a las medidas
compensatorias y correctoras" que deben ponerse en marcha para mitigar
los efectos medioambientales de la construcción del puerto "con el
objetivo de concluir su evaluación", aseguraron fuentes comunitarias a
ACN Press.
A principios del pasado mes de diciembre, el Ejecutivo comunitario
envió una primera carta a las autoridades españolas solicitando datos
adicionales sobre varios aspectos de la construcción del puerto, entre
otros: el Observatorio Ambiental, es decir, la fundación que debe
vigilar la aplicación adecuada de las medidas correctoras y
compensatorias a la construcción de esta infraestructura; la
desclasificación de parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de los
Sebadales del Sur que contiene la especie protegida ‘Cymodocea nodosa'
o ‘seba' ; y, la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife. En
febrero, España remitió su primera respuesta con informaciones detallas.
Bruselas realizó esta solicitud de datos en base a las quejas que
siguen llegando tanto por parte de asociaciones como de
europarlamentarios como David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer
(Izquierda Unida).
Si la Comisión Europea ha concluido que el proceso para crear el
Observatorio Ambiental y designar a los miembros de su consejo ha sido
"transparente" y ha respetado los "requisitos y procedimientos
legales", parece que aún matiene interrogantes respecto al resto de los
puntos, es decir, en cuanto a la aplicación de las medidas
compensatorias, así como respecto a los informes aportados para
defender la construcción del puerto durante las negociaciones y que
según las "alegaciones" que han llegado a las mesas de los servicios
comunitarios podrían contener datos falsos.
De hecho, el propio comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas,
aseguraba a mediados de diciembre en respuesta a una interpelación de
Meyer, que había pedido "explicaciones urgentes" a España sobre la
ampliación del puerto de Santa Cruz así como sobre el acceso a la
nuevas canteras.
La imposibilidad de ampliar el puerto capitalino y las cuestión de las
canteras fueron dos factores determinantes en la decisión del Ejecutivo
comunitario para autorizar la construcción del Puerto Granadilla.
CONSULTA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS
En este sentido, hasta Bruselas han llegado quejas que apuntan a que
los informes que sirvieron de base a la decisión de la Comisión Europea
de autorizar la construcción del puerto de Granadilla podrían contener
informaciones fraudulentas. Lo que ha llevado a solicitar más
información a Madrid.
En el caso de que se constatara que el visto bueno a la infraestructura
portuaria se basa en datos falsos, el Ejecutivo comunitario podría
recomenzar todo el procedimiento.
Pero, las dudas de la Comisión Europea irían incluso más lejos ya que
habría pedido a sus propios servicios jurídicos que determinen si,
llegado el caso, sería posible o no cambiar el dictamen del 6 de
noviembre de 2006 por el cual se aprobó la construcción del puerto de
Granadilla. Cuestión que aún no ha recibido una respuesta por parte de
los servicios legales.
No obstante, en el caso de que jurídicamente Bruselas no pudiera
revisar su dictamen y se detectaran temas graves, políticamente estaría
obligada a posicionarse en contra del puerto del sur tinerfeño.
El 6 de noviembre de 2006, tras más de tres años de negociaciones, el
Ejecutivo comunitario autorizó la construcción del puerto industrial de
Granadilla por "razones imperiosas de interés público", pero con la
condición de la aplicación de un paquete de "medidas compensatorias" y
correctoras, necesarias para garantizar la protección de las zonas y
especies.
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