 Bruselas/ La Comisión Europea ha confirmado este martes en Bruselas,
durante el transcurso de una reunión del Comité de Peticiones del
Parlamento Europeo que examinó una queja de la Plataforma Ciudadana
contra el puerto de Granadilla, que no se ha iniciado el proceso para
dotar de fondos a esta infraestructura portuaria del sur de Tenerife
aunque sí se ha aceptado formalmente la solicitud para ello.
En este sentido, desde la Dirección General de
Política Regional (DG Regio) de la Comisión Europea, se confirmó que la
"semana pasada" los servicios comunitarios recibieron por parte de
Madrid la "solicitud de cofinanciación" del puerto tinerfeño que se
incluye en la lista indicativa de proyectos que podrían optar a las
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 2007 a 2013.
No obstante, según el representante de la DG Regio, el hecho de que se
haya aceptado la solicitud de España de dotar de fondos comunitarios a
esta infraestructura portuaria no es garantía de que se vayan a
conceder. A lo que hay que añadir que, para que el puerto de Granadilla
reciba ayudas comunitarias, es necesaria una "decisión individual" -es
decir para cada proyecto- del Ejecutivo comunitario en la que también
estarían implicadas otras Direcciones Generales como la de Medio
Ambiente y Transporte.
"Hemos recibido una solicitud" pero "no se puede prejuzgar el
resultado" ni que "necesariamente vaya a desembocar en una
cofinanciación" de la obra por parte de la Unión Europea (UE), aseguró
el funcionario quien negó, por tanto, que el puerto ya esté
cofinanciado por Bruselas, como parece indicar un cartel la zona de las
obras, según denunció el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein,
durante la discusión en el Comité de Peticiones de la Eurocámara de
dicha queja de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de
Granadilla.
Hammerstein cuestionó la "legalidad" de este anuncio en el que el
"Gobierno de Canarias" indica que la infraestructura portuaria recibe
de la UE "68 millones de euros" y que fue utilizado como argumento "en
contra de la decisión cautelar" del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias de paralizar las obras ya que se "perdían fondos europeos".
Al respecto, el representante de la Dirección General de Política
Regional indicó que el "problema" es la "exagerada redacción" del
cartel ya que puede llevar a "errores" puesto que no "hay ninguna
decisión por parte de la Comisión Europea" pero descartó la apertura de
un procedimiento de infracción contra España ya que normalmente se
llama la atención a los socios comunitarios en el caso contrario, es
decir, cuando un proyecto recibe ayudas europeas y no se anuncia.
En nombre de la Plataforma Ciudadana, José Luis Fernández Fuarros,
destacó la importancia de que desde la Dirección General de Política
Regional de Bruselas se haya confirmado que "no existen fondos
estructurales para esta obra" y criticó al presidente de la autoridad
portuaria tinerfeña, Pedro Rodríguez Zaragoza, por mentir
"descaradamente y continuamente sobre este aspecto". Además confió en
que nunca hayan fondos europeos para el puerto tinerfeño.
LA DENUNCIA SIGUE SOBRE LA MESA Y PASA A MANOS DE LA PRÓXIMA EUROCÁMARA
Tanto las supuestas ayudas comunitarias como el polémico cartel que las
anuncia serán el objeto de una nueva petición de información a la
Comisión Europea que solicitó el presidente del Comité de Peticiones de
la Eurocámara, el eurodiputado polaco del Grupo de la Unión por la
Europa de las Naciones, Marcin Libicki, al concluir la discusión.
Asimismo, a propuesta del eurodiputado canario del Grupo Socialista
(PSOE) Manuel Medina, la queja de la Plataforma Ciudadana contra el
puerto industrial de Granadilla sobre la independencia del Observatorio
Ambiental sigue abierta a la espera de que exista una "decisión
definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" (TSJC),
aunque, en realidad, el TSJC está investigando concretamente la
legalidad de la descatalogación de la población de sebadales que
impedían el inicio de las obras del puerto.
Una decisión que ha sido motivo de gran satisfacción en las filas de la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla.
Sin embargo, ante las próximas elecciones al Paralmento Europeo que se
celebraran del 4 al 7 de junio en loos 27 socios comunitarios, la queja
ciudadana quedará aparcada hasta la próxima legislatura y será retomada
por la nueva Comisión de Peticiones que se forme tras los comicios.
Esto se debe, a que cuando la Eurocámara se disuelve no implica el
cierre de los procedimientos.
Por su parte, y respecto a la cuestión concreta de la queja ciudadana,
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea mantuvo
la misma posición que ya había transmitido y defendió que la
designación de los miembros del Observatorio Ambiental siguió un
procedimiento "público", "abierto" y "adecuado".
Una postura criticada por la presidenta de la Plataforma Ciudadana,
Beatriz González, que lamentó la actitud de la Dirección General de
Medio Ambiente y denunció que la "primera actuación de dicha entidad"
que debe vigilar la aplicación de las medidas para mitigar los efectos
medioambientales del puerto ha sido "promover un informe para
desproteger especies" con el "fin de evitar que la construcción" del
puerto "se convierta en delito ecológico".
LAS REIVINDICACIONES DE LA PLATAFORMA
Los representantes de la Plataforma hicieron entrega a los servicios
comunitarios de más documentación y solicitaron dos medidas. De una
parte, que se "designe un comité de expertos" que examine la
"viabilidad económica, medioambiental y de operatividad" de la
infraestructura portuaria y que "reúna" a todas las partes interesadas
para "analizar los pros y los contras".
Y, que la Comisión Europea, en particular a la Dirección General de
Medio Ambiente, cambie "su dictamen favorable" -de noviembre de 2006- a
la "construcción" del puerto de Granadilla ya que les "consta que la
información recibida y que sirvió de base a la decisión" de Bruselas es
"fraudulenta", aseguró González durante su intervención en el debate.
Petición apoyada también por el eurodiputado de Izquierda Unida (IU)
Willy Meyer quien subrayó qye la "cuestión de fondo" es que la Comisión
Europea debe revisar su "decisión de 2006" porque "hay alternativas" a
Granadilla y la "opinión pública está en contra".
Noticias Relacionadas:
|
