 Santa Cruz de Tenerife/ Los ochenta propietarios de
los dos inmuebles de Santa Cruz de Tenerife afectados por un error
burocrático que les convierte en deudores de más de 230.000 euros,
siguen reclamando a la Administración que resuelva la equivocación
que les impide disponer libremente de sus viviendas.
La batalla contra la Administración y los incansables paseos de
mostrador en mostrador comenzaron el pasado mes de febrero cuando
Carmen Rosa Navarro, una de los propietarias de los edificios,
acudió a una entidad bancaria para solicitar una ampliación de su
hipoteca, que le fue denegada.
El motivo era que, según los documentos sobre la situación de su
vivienda emitidos por el Registro de la Propiedad, el solar sobre el
que se construyó el inmueble cuenta con una hipoteca de 230.990,24
euros desde 1964.
Los inmuebles, situados en la zona de la piscina municipal
"Acidalio Lorenzo" de Santa Cruz son antiguas viviendas de
protección oficial que los vecinos adquirieron libres de cargas en
1992 y 2001.
Años después de la compra algunos propietarios vendieron las
viviendas y, como explica Carmen, "en ningún documento figuraba esta
deuda".
En el Registro le confirman la existencia de la deuda, que, según
explica, no figuraba en documentos anteriores debido a un error del
mismo, asunto que deben solventar con el Instituto Canario de la
Vivienda, organismo dependiente de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno regional, que en su día
adquirió las viviendas al Gobierno central y deudor en la actualidad
de esta cantidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo
público adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno
central.
En mayo, el ICO envió a Carmen Rosa Navarro un correo electrónico
en el que responsabiliza al Instituto Canario de Vivienda de esta
deuda, y al Registro de la Propiedad de no hacer las verificaciones
correctas en su día y cancelar un oficio de carga cuando no debería
haberlo hecho.
La Consejería de Vivienda se apoya en un documento emitido por el
Servicio de Estudios del Banco de España que certifica que "no
consta endeudamiento alguno de la Comunidad Autónoma de Canarias con
el ICO" y garantiza a los afectados que "seguirán estudiando el
caso".
Ante la demora de la administración para resolver el asunto,
Carmen Rosa decidió abordar a Paulino Rivero, presidente del
Gobierno de Canarias, a su salida de una emisora de radio regional
tras una entrevista para entregarle en mano un sobre con toda la
documentación que ha ido a acumulando durante estos seis meses.
Después de aquel encuentro fue convocada a una reunión en
Presidencia del Gobierno, donde volvió a relatar su situación.
Pese a la confianza depositada en "su" presidente, como indica la
afectada, y las continuadas llamadas semanales para seguir la
evolución de este asunto, el caso se encuentra en punto muerto.
Carmen Rosa relata la preocupación e impotencia de algunos
propietarios como María, anciana sin familia que planeaba vender su
vivienda en unos años para ingresar en una residencia, gestión
obstaculizada por la deuda que en la actualidad recae sobre las
viviendas.
"Lo que queremos es que nos reciban y que nos digan cómo
solucionar este problema", indica Carmen Rosa.
"Se pasan la papa unos a otros y no puedes hacer nada, estamos de
manos atadas" indica otra de las afectadas, quien ante "el pasotismo
de la administración" anuncia que emprenderán acciones legales.
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