Amnistía Internacional solicita a Canarias un Plan Autonómico contra el racismo y la xenofobia
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ACN Press
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viernes, 20 de noviembre de 2009 |
Canarias/ El director de la sección española de
Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, solicitó este viernes al presidente
del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que el Archipiélago sea el primer
lugar del país en el que se ponga en marcha un plan autonómico contra el racismo
y la xenofobia. Esta decisión, dijo, “sería un gran ejemplo para España y para
Europa”.
Beltrán, que esta tarde participa en una mesa redonda en la
capital grancanaria junto con el periodista ganador del Premio Pullitzer Javier
Bauluz y Ricardo Redondas, integrante de Médicos del Mundo, recordó que “sobre
el papel” ya existe una iniciativa estatal parecida enmarcada dentro del Plan
Nacional de Derecho Humanos impulsado por el gobierno español.
Impulsar
este plan permitiría “luchar contra la invisibilidad de los derechos humanos”, y
según dijo no la solicita al presidente del Archipiélago porque se produzcan más
incidentes que en otros puntos de España en relación a esta cuestión. España es
uno de los cuatro países europeos que no contabilizan oficialmente este tipo de
incidentes, al contrario que en la mayoría de los estados miembros.
“Este
plan debería incluir medidas de carácter legislativo, social, educativo y de
sensibilización para luchar contra la xenofobia”, indicó. Beltrán recordó que
este plan es necesario “a nivel global” ya que “ocurren actos racistas y es
necesario que dejen de tener invisibilidad”, finalizó.
MENORES NO
ACOMPAÑADOS
El responsable español de Amnistía Internacional recordó al
Gobierno canario que los menores no acompañados que se encuentran en la
comunidad “son responsabilidad del Gobierno central y del propio gobierno de la
comunidad”, por lo que exigió a ambas administraciones “que debe cesar el
peloteo” sobre quién debe hacerse cargo de los derechos y atención de los
niños.
Amnistía Internacional calificó como de “honda preocupación” el
sentimiento acerca de la decisión del Parlamente canario el pasado mes de enero
en relación a la cesión al Gobierno de España de la tutela de los menores no
acompañados”. Esta decisión fue calificada de “discriminatoria” así como de
“injusta” ya que según explicó el representante de la ONG “vulnera la convención
de los derechos del niño”.
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