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Una presunta invasión del ámbito competencial del Estado, en
cuanto a la facultad para delimitar la zona de servidumbre del
dominio marítimo-terrestre, sustenta esa impugnación, según explicó
la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en una
intervención en el Congreso de los Diputados.
Elena Espinosa, según informó su departamento mediante un
comunicado, quiso puntualizar, al hablar del litoral canario, que
"la Ley de Costas se aplica bajo criterios técnicos y rigurosos y no
de una manera arbitraria y retroactiva, como lo demuestra el hecho
de lo únicamente el 3% de los recursos planteados ante los
Tribunales son estimados".
En esa línea, "ha concretado que el total deslindado es del 95,2%
en la provincia de Las Palmas, y del 98,7% en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife".
La ministra recalcó así mismo que, "a diferencia de otras
comunidades autónomas, Canarias no ha aprobado una modificación de
su Estatuto de Autonomía que amplíe el ámbito de competencias a la
gestión del dominio público marítimo-terrestre", según se precisa en
el texto, difundido por la Delegación del Gobierno en Canarias.
En él se subraya que Espinosa, que expresó el compromiso de su
departamento con Canarias "para acometer las actuaciones necesarias
dirigidas a mejorar la franja litoral, respetando las
características medioambientales y paisajísticas de cada zona",
refirió que el Ministerio tiene previsto invertir en esa materia 338
millones de euros en los próximos años en las islas.
Ya que, ante el "entramado competencial" que afecta al dominio
público marítimo-terrestre, en el que confluyen las administraciones
estatal, autonómica, local e, incluso, a veces internacional, su
departamento "ha apostado por un modelo de gestión concertada, a
través de convenios con las comunidades autónomas del litoral
español".
Acuerdos suscritos con la finalidad de "proteger y conservar un
espacio de extrema sensibilidad y fragilidad", se añade en el
escrito, donde se indica que, "en este contexto, la ministra ha
subrayado la importancia del convenio de colaboración firmado con el
Gobierno de Canarias en febrero de 2006 para una gestión integral y
sostenible de la costa".
Convenio -se recuerda- "por el que se crean comisiones a nivel
político y técnico para abordar, de forma conjunta y eficaz, la toma
de decisiones y las soluciones de los distintos problemas".

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