Tenerife/ Según denuncia en un comunicado FEDECO se confirma lo dicho por patronales, sindicatos y CES, que al no establecer una disposición transitoria en la nueva ley, mientras se realizan los planes territoriales iba a provocar aperturas y ampliaciones de grandes superficies, sin ningún control objetivo.
No
se esperó más de 32 días desde que comenzó el año 2010 para tener la primera
ampliación de un gran hipermercado en la Isla de Tenerife. Se ha publicado en periodo de
información pública la ampliación del hipermercado de Alcampo en La Orotava en 2015,90 m2 su superficie
de venta, pasando a tener una superficie total de cerca de 10.000 m2.
Hablamos,
nada menos que de la ampliación del establecimiento que más impacto en su
entorno genera, un hipermercado.
Cuando
se dio a conocer el proyecto de lo que sería la nueva ley de licencia
comercial, a través de alegaciones, tanto desde FEDECO, CORECO, Confederaciones
Provinciales, Cámaras de Comercio, sindicatos como CCOO, UGT y USO, además de
alguna asociación de consumidores se le puso de manifiesto muy contundentemente
al Director General de Comercio, D. Arturo Cabrera, que los criterios
utilizados para conceder aperturas o ampliaciones de grandes superficies eran
vagos y subjetivos, siendo el único objetivo el que viniera la instalación
contemplada en un Plan Territorial de Equipamiento de carácter insular, de ahí
que hasta que se aprobaran estos Planes era necesaria una disposición
transitoria que evitara la concesión de licencias con este impacto sobre el
territorio y sobre el urbanismo comercial o al menos, estableciese un criterio
objetivo de manera transitoria.
Es
más, el Consejo Económico y Social en su informe preceptivo insistió también en
este punto de manera importante.
Arturo
Cabrera hizo, como en todas las alegaciones que se le hicieron, caso omiso y
así la Ley
simplemente recogió una Disposición Transitoria que se remite a la legislación
de las licencias urbanísticas (referencia totalmente absurda porque para eso ya
están las licencias de obra y apertura municipales) y a los vagos criterios
subjetivos del art. 6 de la propia Ley.
Esos
criterios, que fueron denunciados por todas estas organizaciones y organismos
públicos y privados, en ningún caso garantizan que ecuánimemente se pueda
someter la licencia a criterios de afección urbanística, territorial o
medioambiental, tales son:
- Contribución
del proyecto al equilibrio interterritorial y mediambiental
- El
impacto en la red viaria y aparcamientos
- Las
medidas que dice el promotor en su solicitud para articular accesos y
transporte público
- Las
medidas que dice el promotor en su solicitud para gestión de residuos, y
utilización de energías renovables.
- Las
medidas que dice el promotor en su solicitud para redundar en la mejora
del medioambiente.
- Las
medidas que diga el promotor que va a tomar en defensa de los consumidores
y adhesión al sistema arbitral de consumo.
- Las
medidas que diga el promotor sobre adopción de nuevas tecnologías de la
información.
Es
decir, todos criterios ineficaces y totalmente subjetivos, que o bien no se
pueden valorar nunca objetivamente o bien están en manos de la información que
diga el promotor, que evidentemente va a decir siempre que las cumple.
Esta
ampliación es fiel reflejo de que esta ley no sirve para absolutamente nada sin
los planes territoriales y que la no aprobación de esos planes con la Ley o sin prever una
disposición transitoria que evitara estos supuestos como el que nos trata y el
daño que se genera al territorio, al urbanismo y al medioambiente, que no se
puede valorar al no tener plan, se debe única y exclusivamente a Arturo Cabrera
y a aquellos que dicen defender los intereses de los comerciantes, apoyando
todo lo que dice este Director General, recibiendo importantes subvenciones.
Esta
ampliación es la primera de todo lo que viene, amparado en un marco legal
gestionado por este Director General que da vía libre a la instalación o
ampliación de cualquier gran superficie sin cortapisa alguna.
Esta
es la manera en que este Director General de Comercio y la fuerza política de
la que proviene entiende el "equilibrio comercial entre pymes y grandes
superficies".
